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Nueva ley de educación: para que nadie se apropie de lo que es responsabilidad de todos
Ante el borrador de la nueva ley provincial de educación en SANTA FE, ya se han expresado algunas voces de gremialistas y políticos. Nosotros (padres, educadores, ciudadanos) también tenemos derecho a que se nos escuche.
Una lectura atenta y realista, basada en nuestra experiencia y ajena a prejuicios ideológicos e intereses sectoriales corporativos, nos ha permitido descubrir en la norma en discusión pilares de incuestionable valor y novedad, que nos devuelven la esperanza de que es posible una educación verdaderamente humana.
El reconocimiento de la educación como “política de estado” y como “cuestión de todos”, que para sostenerse en el tiempo requiere de la participación responsable de las familias y de toda la sociedad; la jerarquización de la profesión del docente, valorado en sus derechos y alentado al perfeccionamiento en el cumplimiento de su elevada misión; la igualdad de oportunidades educativas como objetivo impostergable que requiere del esfuerzo mancomunado del Estado y la sociedad civil; el respaldo prioritario y sin discriminaciones a todas las escuelas que atienden a los sectores de menores recursos; y la apertura de la razón, sin censuras ni reduccionismos, a todas las dimensiones de la persona humana, son sanos y valientes principios para una genuina renovación.
Es por ello que, sabiéndonos responsables de la educación, apoyamos las siguientes propuestas:
1) Creación del Consejo Consultivo para la política educativa del estado provincial, conformado con los representantes de los gremios docentes y no docentes, de los padres, de las universidades, de las iglesias, de los sectores empresarios y de los legisladores, porque permite institucionalizar la participación protagónica de la sociedad civil en un asunto que es de todos y por lo tanto, en el que las decisiones no pueden quedar en manos de unos pocos interlocutores.
Este Consejo es garantía real contra todo intento privatista en cualquiera de sus variantes, impidiendo que, tanto el mercado como las corporaciones gremiales o la misma burocracia oficial, se “apropien” de la educación, divorciándola de la sociedad.
2) Jerarquización de la profesión docente y creación de una carrera profesional que considere el buen desempeño, la capacitación, la antigüedad, los méritos profesionales y los aportes al mejoramiento de la calidad educativa de la institución a la que pertenece. La evaluación del desempeño de los docentes ha sido recomendada recientemente por la totalidad de los Ministros de América Latina y el Caribe en la Declaración de Buenos Aires, realizada el 30 de marzo de 2007. Entre todos los sectores deberían acordarse las formas de implementación de esta evaluación, a fin de que se realice con criterios de justicia y transparencia, de que contribuya al logro de una educación de buena calidad para todos, y de que se eviten efectos no deseados como el individualismo.
3) Atención preferencial de los sectores sociales más pobres y de las escuelas de gestión oficial y privada a las que asisten, mediante políticas de promoción de la equidad educativa en las que el Estado provincial preste asistencia técnico pedagógica, y junto al Estado Nacional provea de libros, materiales, equipamiento, e infraestructura adecuada a los alumnos y las escuelas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable.
4) Libertad de educación para todos. Compartimos el ideal propuesto de que todos los padres, y no sólo aquellos que cuentan con recursos para abonar el arancel, puedan elegir para sus hijos el establecimiento de su preferencia, tal como lo establece la Constitución Provincial, la Ley Nacional de Educación, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Una sociedad verdaderamente pluralista y democrática es la que asegura la efectiva libertad de educación para todos sus miembros.
5) Apoyo estatal a las escuelas privadas que atienden a los sectores de menores recursos. Para hacer realidad la libertad de elección para todos y la igualdad educativa antes mencionadas, el presupuesto del Estado debe prever partidas para mantenimiento, infraestructura, libros, equipamiento, planes y programas, de las escuelas de gestión privada que atienden a sectores de menores recursos, porque los padres no tienen posibilidades de contribuir con una cuota a su sostenimiento. (Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, las escuelas de los barrios; Centenario, San Lorenzo, Villa del Parque, Santa Rosa de Lima, Yapeyú, Barranquitas, Acería, Estanislao López, Nueva Pompeya, Altos del Valle, Alto Verde, etc.)
6) Apertura de la razón a todas las preguntas y reconocimiento sin censuras de todas las dimensiones de la persona. Entendemos que el fin de la educación es la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida, que posibilite su realización en las dimensiones cultural, social, estética, ética y religiosa. La inclusión de la dimensión religiosa significa reconocer en el hombre su constitutiva apertura a la totalidad, su relación y su búsqueda de Infinito, conforme a las opciones razonables y libres de cada persona. Se trata de ampliar la razón, lo propio del hombre, de no censurar nada en la búsqueda de respuestas a los interrogantes últimos de la existencia.
Tiempo de Educar
http://www.tiempodeeducar.org.ar/
Ante el borrador de la nueva ley provincial de educación en SANTA FE, ya se han expresado algunas voces de gremialistas y políticos. Nosotros (padres, educadores, ciudadanos) también tenemos derecho a que se nos escuche.
Una lectura atenta y realista, basada en nuestra experiencia y ajena a prejuicios ideológicos e intereses sectoriales corporativos, nos ha permitido descubrir en la norma en discusión pilares de incuestionable valor y novedad, que nos devuelven la esperanza de que es posible una educación verdaderamente humana.
El reconocimiento de la educación como “política de estado” y como “cuestión de todos”, que para sostenerse en el tiempo requiere de la participación responsable de las familias y de toda la sociedad; la jerarquización de la profesión del docente, valorado en sus derechos y alentado al perfeccionamiento en el cumplimiento de su elevada misión; la igualdad de oportunidades educativas como objetivo impostergable que requiere del esfuerzo mancomunado del Estado y la sociedad civil; el respaldo prioritario y sin discriminaciones a todas las escuelas que atienden a los sectores de menores recursos; y la apertura de la razón, sin censuras ni reduccionismos, a todas las dimensiones de la persona humana, son sanos y valientes principios para una genuina renovación.
Es por ello que, sabiéndonos responsables de la educación, apoyamos las siguientes propuestas:
1) Creación del Consejo Consultivo para la política educativa del estado provincial, conformado con los representantes de los gremios docentes y no docentes, de los padres, de las universidades, de las iglesias, de los sectores empresarios y de los legisladores, porque permite institucionalizar la participación protagónica de la sociedad civil en un asunto que es de todos y por lo tanto, en el que las decisiones no pueden quedar en manos de unos pocos interlocutores.
Este Consejo es garantía real contra todo intento privatista en cualquiera de sus variantes, impidiendo que, tanto el mercado como las corporaciones gremiales o la misma burocracia oficial, se “apropien” de la educación, divorciándola de la sociedad.
2) Jerarquización de la profesión docente y creación de una carrera profesional que considere el buen desempeño, la capacitación, la antigüedad, los méritos profesionales y los aportes al mejoramiento de la calidad educativa de la institución a la que pertenece. La evaluación del desempeño de los docentes ha sido recomendada recientemente por la totalidad de los Ministros de América Latina y el Caribe en la Declaración de Buenos Aires, realizada el 30 de marzo de 2007. Entre todos los sectores deberían acordarse las formas de implementación de esta evaluación, a fin de que se realice con criterios de justicia y transparencia, de que contribuya al logro de una educación de buena calidad para todos, y de que se eviten efectos no deseados como el individualismo.
3) Atención preferencial de los sectores sociales más pobres y de las escuelas de gestión oficial y privada a las que asisten, mediante políticas de promoción de la equidad educativa en las que el Estado provincial preste asistencia técnico pedagógica, y junto al Estado Nacional provea de libros, materiales, equipamiento, e infraestructura adecuada a los alumnos y las escuelas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable.
4) Libertad de educación para todos. Compartimos el ideal propuesto de que todos los padres, y no sólo aquellos que cuentan con recursos para abonar el arancel, puedan elegir para sus hijos el establecimiento de su preferencia, tal como lo establece la Constitución Provincial, la Ley Nacional de Educación, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Una sociedad verdaderamente pluralista y democrática es la que asegura la efectiva libertad de educación para todos sus miembros.
5) Apoyo estatal a las escuelas privadas que atienden a los sectores de menores recursos. Para hacer realidad la libertad de elección para todos y la igualdad educativa antes mencionadas, el presupuesto del Estado debe prever partidas para mantenimiento, infraestructura, libros, equipamiento, planes y programas, de las escuelas de gestión privada que atienden a sectores de menores recursos, porque los padres no tienen posibilidades de contribuir con una cuota a su sostenimiento. (Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, las escuelas de los barrios; Centenario, San Lorenzo, Villa del Parque, Santa Rosa de Lima, Yapeyú, Barranquitas, Acería, Estanislao López, Nueva Pompeya, Altos del Valle, Alto Verde, etc.)
6) Apertura de la razón a todas las preguntas y reconocimiento sin censuras de todas las dimensiones de la persona. Entendemos que el fin de la educación es la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida, que posibilite su realización en las dimensiones cultural, social, estética, ética y religiosa. La inclusión de la dimensión religiosa significa reconocer en el hombre su constitutiva apertura a la totalidad, su relación y su búsqueda de Infinito, conforme a las opciones razonables y libres de cada persona. Se trata de ampliar la razón, lo propio del hombre, de no censurar nada en la búsqueda de respuestas a los interrogantes últimos de la existencia.
Tiempo de Educar
http://www.tiempodeeducar.org.ar/
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